La defensa de Luis Hermosilla expuso el listado y descartó que en las conversaciones se observen conductas que constituyan delitos o que sean ilícitas.
Mientras el penalista Luis Hermosilla se encuentra en el centro penitenciario Capitán Yáber cumpliendo prisión preventiva imputado como presunto autor de soborno reiterado, lavado de activos y delitos tributarios en el marco del caso Audio, su abogado y hermano, Juan Pablo Hermosilla, entregó una lista con nombres de jueces y fiscales que mantuvieron contacto su hermano.
El documento consiste en una nómina de 28 fiscales y jueces, además del equipo jurídico de la Macrozona Sur, que tuvieron intercambios con Luis Hermosilla y que mantuvieron conversaciones, muchas veces de coordinación, sobre temas que según calificó Juan Pablo Hermosilla son de “interés público”, pero descartando que sean “conductas que yo estime que son delitos, ni siquiera ilícitas”.
¿Quiénes son los que aparecen en la lista de Hermosilla?
Angel Valencia: Fiscal nacional. Inició su carrera en el Ministerio Público en los años 2000, participando en la Reforma Procesal Penal y como fiscal adjunto en Valparaíso y la Fiscalía Metropolitana Sur. En 2006, defendió a figuras de alto perfil, como el economista Rafael Garay, quien en 2016 fue acusado de estafa, y el exgeneral director de Carabineros Bruno Villalobos, investigado en 2018 por malversación de fondos en la institución policial. Desde su nombramiento como Fiscal Nacional en enero de 2023, Valencia ha enfrentado controversias en el “caso Audio” (2024), donde se le acusa de haberse comprometido a alertar sobre investigaciones que afectaran al expresidente Piñera, generando dudas sobre su imparcialidad. Aparece mencionado en los chats con Luis Hermosilla sobre reuniones conocidas entre diciembre de 2018 y julio de 2022.
Ángela Vivanco: Exministra de la Corte Suprema. Abogada y jueza del máximo tribunal desde 2018, designada por el expresidente Sebastián Piñera. Su carrera tomó un giro en 2024 con el “caso Audio,” donde se revelaron posibles influencias en la conformación de salas judiciales y en la designación de cargos, lo que resultó en su expulsión de la Corte Suprema y su suspensión de labores en la PUC. Aparece en la lista de chats con Luis Hermosilla, en conversaciones relacionadas con nombramientos y causas judiciales desde marzo de 2018 hasta noviembre de 2023.
Carlos Palma: Fiscal regional de Aysén desde 2017, Palma ha liderado investigaciones como la Operación Huracán. Su carrera se ha visto afectada por su vínculo con Luis Hermosilla en el “caso Audio” (2024), donde mensajes de WhatsApp revelaron un posible intercambio de información confidencial sobre casos de narcotráfico. Actualmente enfrenta una investigación disciplinaria por posibles violaciones éticas. Aparece mencionado en los chats con Luis Hermosilla sobre nombramientos y causas judiciales entre febrero de 2018 y septiembre de 2023.
Danilo Quezada Rojas: Ministro titular de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Ingresó al Poder Judicial en 1996, y desde 2012 hasta 2022 fue relator titular de la Corte Suprema. En octubre de 2022, fue nombrado ministro titular de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Aparece mencionado en la lista de chats con Luis Hermosilla sobre nombramientos entre enero de 2020 y noviembre de 2021.
Emiliano Arias: Ex fiscal regional de O’Higgins. Fiscal desde 2001, lideró los casos Penta, SQM y el “Robo del Siglo”. En 2016 fue nombrado fiscal regional de O’Higgins, cargo en el cual estuvo al frente del caso Caval. En 2019, enfrentó acusaciones de violación de secreto, de las que fue absuelto en 2022. En mayo de 2024, tras 23 años de servicio, dejó el Ministerio Público. Aparece en la lista de chats con Luis Hermosilla sobre causas judiciales entre julio de 2015 y noviembre de 2022.
Eugenio Campos: Fiscal que desde el año 2023 se desempeña como director de la Unidad Especializada en Anticorrupción, Infracción a la Probidad y Lavado de Activos Asociado de la Fiscalía Nacional. Integró la Fiscalía Militar hasta 2002, año en que decidió postular al Ministerio Público, donde ingresó como fiscal adjunto. Aparece en el listado por mantener conversaciones sobre causas judiciales entre los años 2018 hasta 2023.
Eduardo Baeza: Inició en junio de 2003 en el Ministerio Público en la Fiscalía local de Rengo, para en 2004 trasladarse a la Fiscalía local de Pudahuel, en la cual en el año 2016 que fue nombrado como Fiscal Adjunto Jefe. Aparece en el listado por mantener conversaciones sobre causas judiciales entre los años 2022 y 2023.
Enrique Vásquez: Fiscal que se desempeña como fiscal jefe adjunto de Lautaro. Estudió derecho en la Universidad Católica de Temuco. En 2013 comenzó a trabajar como abogado asistente de la Fiscalía, cargo en el que estuvo 3 años, hasta que en 2016 fue nombrado fiscal adjunto de Collipulli.
Juan Pablo Araya: Ingresó al Ministerio Público el 2006 en Temuco. Se desempeñó como fiscal adjunto en distintas fiscalías locales en causas vinculadas a delitos económicos, llegando a la unidad especializada en 2023. Es el fiscal que está llevando la causa Factop, que hoy tiene formalizados a seis personas y en prisión preventiva a los hermanos Daniel y Ariel Sauer, y está vinculada al caso Audio y a Luis Hermosilla. Aparece en el listado por mantener conversaciones sobre causas judiciales entre los años 2020 y 2021.
Francisco Jacir: Fiscal de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Llegó al Ministerio Público como abogado asesor. Pasó por la Fiscalía Metropolitana Oriente, dirigida entonces por el fiscal Xavier Armendáriz. Llevó causas reconocidas como el Caso Bombas, las amenazas a su par, Ximena Chong, y los hermanos Frei. Actualmente, se desempeña como fiscal adjunto jefe de la fiscalía local de Santiago Centro.
Héctor Barros: Fiscal regional (Metropolitana Sur) y coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH). A su haber cuenta las condenas obtenidas sen causas de atentados explosivos (casos Metro Escuela Militar, Óscar Landerretche o Rodrigo Hinzpeter) y su nombre tomó recientemente notoriedad cuando se transformó en el fiscal a cargo de investigar el rapto y posterior asesinato del teniente primero (r) del Ejército Venezolano Ronald Ojeda. En 2014 lideró la mayor incautación de drogas de la época, en la Operación Amaltea.
Jean Pierre Matus: Hace casi tres semanas salvó de una acusación constitucional en su contra. Entre otros cargos estaba haber mentido luego de entregar versiones distintas para sus conversaciones con Luis Hermosilla, a quien le envió un WhatsApp de agradecimiento tras haber sido nombrado para la Corte Suprema, donde se mantiene como juez. Tuvo un paso fugaz por el Partido Socialista, asesoró al ministro de Justicia Juan Pablo Gómez (Bachelet II) y contribuyó con la Ley Emilia.
José Luis Pérez Calaf: Designado por el ex fiscal nacional Sabas Chahuán como fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Occidente en 2015, se mantuvo en el cargo de una de las fiscalías más apetecidas de Chile hasta enero de este año. En noviembre de 2019 había sido designado por el fiscal nacional Jorge Abbott para indagar la querella presentada en contra del entonces Presidente Sebastián Piñera por presuntos delitos de lesa humanidad en el marco del estallido social, pero Pérez Calaf se inhabilitó por el nexo de un abogado de su unidad con otro que había defendido al ex Mandatario.
Lamberto Cisternas: Con casi 40 años de servicio en la esfera pública, fue ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y luego ministro de la Corte Suprema desde 2012, donde llegó a ejercer como vocero. Estuvo en el máximo tribunal allí hasta 2020, cuando cumplió los 75 años, edad máxima para trabajar en el Poder Judicial. Fue ministro en visita en el marco de la fuga de los frentistas de la Cárcel de Alta Seguridad en 1996.
Lilian Leyton: Ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago desde 2019, ha ejercido también como relatora de la misma, así como de la Corte Suprema. Fue jueza del trabajo y participó en la instalación de la reforma procesal laboral en Chile. Recientemente le tocó revisar -y ratificar- la prisión preventiva del exalcalde Daniel Jadue como integrante de la Cuarta Sala de la CA de Santiago.
Lorena Parra: Con más de 20 años de trayectoria en el Ministerio Público, está al frente de la Fiscalía Oriente. Lideró las diligencias que terminaron con la formalización del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz. Es especialista en causas de violencia de género y abuso sexual, creó la Fiscalía de Género y ha liderado casos emblemáticos como el del cineasta Nicolás López o el que terminó con la condena del sacerdote John O’Reilly, cuyo abogado defensor era Luis Hermosilla.
Lya Cabello: Dejó el Poder Judicial en 2023 tras cumplir 75 años de edad. Su extensa trayectoria incluyó cargos como jueza de Letras de Río Negro, secretaria del Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago, jueza del Decimonoveno Juzgado Civil de Santiago y ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, de la que llegó a ser su presidenta.
Manuel Antonio Valderrama: Ministro de la Corte Suprema desde agosto de 2015. Es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile y cuenta con casi 30 años de carrera en el Poder Judicial. Se desempeñó como juez en el Juzgado del Trabajo de Punta Arenas y en el Tercer Juzgado de Letras de la misma ciudad. También fue fiscal de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y también fue ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Manuel Guerra: Entró en 2002 al Ministerio Público y durante la gestión del ex fiscal nacional Sabas Chahuán, llegó a ser fiscal regional de Tarapacá, tras lo cual aterrizó en 2015 como Fiscal Metropolitano Oriente, en años marcados por las indagaciones al financiamiento irregular de la política de la empresa Penta y los casos Exalmar y Dominga, ambos vinculados al presidente Sebastián Piñera. Guerra terminó haciendo clases en la Universidad San Sebastián y se sumó a la colectividad política Amarillos. Tras la revelación de los primeros diálogos de Guerra con Hermosilla, el fiscal nacional Ángel Valencia designó al fiscal regional de Arica Mario Carrera para que lo investigara. La consecuencia inmediata de la apertura de la causa fue la renuncia de Guerra al Tribunal Supremo de Amarillos y a su cargo docente en la Universidad San Sebastián.
Mario Carroza: Se tituló como abogado en la Universidad de Chile en 1980. Entró al Poder Judicial en 1977. Fue relator de la Ilma. Corte de Apelaciones de San Miguel y fiscal judicial de la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago. Fue nombrado como ministro de la Corte Suprema en 2020. Investigó la fase inicial de la causa de niños robados y adoptados ilegalmente durante la dictadura, que luego de su paso a la Suprema fue entregada al ministro Jaime Balmaceda. Otra de las causas que indagó es el asesinato del senador UDI Jaime Guzmán ocurrido en abril de 1991, caso en el que sentenció a una serie de ex frentistas. En 2021, siendo ya supremo, envió un chat al ministro Juan Poblete pidiéndole interceder, a nombre del ministro Antonio Ulloa, para nombrar un notario. También integró la Tercera Sala de la Corte Suprema que acordó apoyar el caso del consorcio bielorruso Belaz Movitec SpA contra Codelco.
Marta Herrera: Exdirectora de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional. Fue la principal opción de La Moneda para convertirse en fiscal nacional, sin embargo, el cargo finalmente decantó en Ángel Valencia. Con la llegada de Valencia, Herrera formó parte de la nómina de funcionarios a los que se les solicitó su renuncia, pero ella se negó. Su puesto quedó vacante tras 48 horas, tal como lo establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, que determina este plazo para presentar la renuncia voluntaria. Ejerció la presidencia en el ACT (Grupo Anticorrupción y Transparencia) de APEC durante el año 2019, y la defensa de Chile ante la OCDE, en el marco de la evaluación del cumplimiento de la Convención de la OCDE para combatir el cohecho a funcionario público en transacciones comerciales internacionales, y en el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESECIC). Consultora de “El PACcTO” (Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado) de la Unión Europea.
Paula Brito: Jueza del del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago. Fue la magistrada que revocó la prisión preventiva del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. En julio de 2024 declaró como ilegales nueve detenciones en el marco de un amplio operativo en distintos puntos de la capital, como Estación Central, La Granja (Población San Gregorio), Macul y Maipú. De acuerdo con información aportada por Carabineros, se allanaron distintas zonas de la capital, siendo una de ellas la Villa Francia, en la comuna de Estación Central, tras el ataque con explosivos a una automotora en calle 5 de Abril y una patrulla.
Sergio Moya: Fiscal de Crimen Organizado/Focos en la Fiscalía Regional de Valparaíso. Según su Linkedin, es especialista en lavado de dinero, crimen organizado, ciber delincuencia, tráfico de drogas y armas. Fue fiscal jefe de Traiguén, Villarrica, Pucón, Temuco, Rancagua y Fiscalía de Alta Complejidad de la Región de O’Higgins. Fiscal adjunto en la Fiscalía de Alta Complejidad Occidente (San Bernardo, Pudahuel, Maipú y otras). En 2022 fue sobreseído tras ser imputado por obstrucción y omisión de denuncia, luego que en junio de 2019 el entonces suspendido ministro -ahora ex- de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta, se querelló contra los fiscales Emiliano Arias y Moya.
Tufit Bufadel: Es conocido por su desempeño como fiscal en la investigación de la muerte de Sebastián “Cangri” Leiva, las supuestas redes de explotación sexual en el antiguo Servicio Nacional de Menores (Sename) y la presunta falsificación y venta de títulos de médicos en la Universidad del Mar. Bufadel postuló en 2016 a fiscal regional de O’Higgins, en 2018 a dirigir la Fiscalía Centro Norte y estuvo en la terna de candidatos para la Fiscalía Metropolitana Sur hace cinco años. En septiembre de este año el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dictó en septiembre condena contra el fiscal Tufit Bufadel por el delito de abuso sexual sorpresivo hacia una trabajadora del Centro de Justicia.
Violeta Arriagada: Según su Linkedin, se desempeña desde marzo de 2016 como abogada en la División Jurídica del Ministerio del Interior. Anteriormente, trabajó en la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío. En 2013 fue asesora jurídica del Servicio de Evaluación Ambiental. Es abogada de la Universidad de Concepción y magíster en Derecho Penal de la Universidad de Talca.
Xavier Armendáriz: Fiscal Regional de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, quien está a cargo de la investigación del caso contra el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve. De acuerdo a la lista de Hermosilla & Compañía, sostuvo conversaciones con el penalista respecto a causas entre marzo de 2019 y noviembre de 2021.
Ximena Chong: Fiscal jefa de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte. También habría sostenido conversaciones con el exasesor del Ministerio del Interior respecto a causas entre octubre de 2019 y octubre de 2023. En marzo de 2022, Chong comenzó a liderar la indagatoria respecto a delitos de lesa humanidad en el estallido social, en que el expresidente Sebastián Piñera figuró como querellado.
Claudia Perivancich: Fiscal regional de Valparaíso, figura en el listado con conversaciones respecto a causas judiciales en octubre de 2022. La persecutora explicó que el intercambio correspondió a “coordinaciones propias de las actuaciones” del Ministerio Público en la causa por estallido social, en la que el abogado representaba a personeros como Juan Francisco Galli y Rodrigo Ubilla.
Equipo Macrozona Sur: El listado no especifica el periodo de tiempo en que se produjeron las comunicaciones y no se indica si fue sobre causas o nombramientos. En 2018, Hermosilla, como abogado del Ministerio del Interior, lideró la representación del gobierno en la investigación por el montaje de la operación Huracán. Se infiere que hace referencia al actual fiscal regional de La Araucanía Roberto Garrido y a su antecesor Cristian Paredes, entre otros persecutores.
