Valparaíso, 21 de noviembre de 2024 – En una reunión sostenida en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, a las 15:00 hrs., Sebastián Solís Cubillos Presidente de Padres en Acción Aconcagua, Rodrigo Delgado López Presidente de Padres en Acción Chile, Manuel Catalán Presidente de la Coordinadora de Derechos Ciudadanos ACODECIU, María Cristina Gajardo Harboe Ministra Fiscalizadora de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, se enfrentó a acusaciones sobre el abuso de la Ley N° 21.675, conocida popularmente como la «Ley Anti Hombres». La cita contó con la presencia del presidente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Don Rafael Corvalán Pazols, a solo dos meses de su salida del cargo con múltiples reclamos por el mal funcionamiento C.A Valparaíso.
Lo que generó mayor controversia fue la ausencia de Inés Letelier, ministra visitadora de los tribunales de la región de Valparaíso, y el hecho de que la Ministra de la Corte Suprema no aceptara recibir documentación relacionada con las denuncias presentadas. Esta falta de participación ha levantado sospechas de un encubrimiento y desinterés de parte de las autoridades judiciales ante los flagelos que afectan a la región del Valle de Aconcagua y el país.
Los asistentes a la reunión expresaron su frustración ante lo que consideran un uso injusto de la Ley 21.675, que, aunque busca proteger a las víctimas de violencia de género, estaría siendo utilizada para desvirtuar el proceso judicial y afectar a hombres en situaciones de conflicto familiar, particularmente en la separación de padres e hijos. Se denunció que estas acciones podrían estar constituyendo un «crimen de lesa humanidad» al vulnerar derechos fundamentales y fomentar una cultura de desconfianza y división entre géneros.
Voces críticas dentro de la comunidad han advertido que la aplicación de la norma, a menudo sin la debida diligencia, ha llevado a que muchos hombres sean acusados y perseguidos basándose en denuncias falsas que a menudo carecen de fundamentos sólidos. «Estamos viendo cómo la justicia se hace la vista gorda ante los verdaderos problemas, mientras que se castiga a quienes intentan cumplir con su rol de padre», comentó el profesor Solís, a raíz del apremio ilegítimo en donde un funcionario de Carabineros de la 2da comisaría de San Felipe, señala que la “Magistrada Muriele Luarte Aravena Juez titular del tribunal de Familia de San Felipe, dio una Orden Verbal para realizar un apremio ilegítimo con trato vejatorio, Tortura Física, Psíquica y Psicológica con el objeto de aplicar la Ley Anti Hombres”.
La situación ha generado un clima de incertidumbre y preocupación en la región, con un llamado a las autoridades a revisar y evaluar el impacto y la implementación de la Ley 21.675 para evitar arbitrariedades en su aplicación. Los críticos enfatizan la necesidad de un diálogo más abierto que incluya todas las voces afectadas, en lugar de permitir que la ley se convierta en un instrumento de persecución.
La controversia sobre la Ley 21.675 y su aplicación en Valparaíso y el Valle de Aconcagua continúa en aumento, mientras los ciudadanos esperan una respuesta clara y efectiva de las autoridades responsables para garantizar que la justicia y los derechos de todos sean respetados. No puede ser que atente contra la familia y la vulneración de derechos de los menores, es decir que con esta ley de interpretación amplia deja a los menores huérfanos, estando los padres vivos al ser apartados por lo tribunales de familia al no ajustándose a derecho. Ley Inconstitucional, y Ley de Lesa Humanidad.
Por último, La falta de pronunciamiento por parte de autoridades locales, como los alcaldes Mauricio Quiroz Chamorro, Manuel Rivera y Carmen Castillo Taucher, ha intensificado el debate, generando llamados a la acción y exigiendo que se reconozcan las implicaciones potencialmente inconstitucionales de la ley.
