En el año 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó la adopción de un día especial dedicado a resaltar la importancia de la infancia, fomentar y concientizar la necesidad de dar protección y procurar el bienestar de los niños.
Posteriormente, en el año 1959, en el seno de esta misma instancia se efectúo la Declaración de los Derechos del Niño, que años más tarde, en el mes de noviembre de 1989, daría lugar la Convención de los Derechos del Niño, texto que es el soporte básico de los diversos estatutos relativos
a niños, niñas y adolescentes de casi todo el mundo. En Chile, esta Convención está vigente desde el mes de septiembre de 1990.
Sin duda, la Convención ha significado un importante avance en el reconocimiento y garantía de los derechos de los niños en nuestra sociedad, sin embargo, transcurridos más de 30 años desde que entró en vigencia, aún siguen existiendo profundas falencias y deudas pendientes respecto de niños, niñas y adolescentes, especialmente de aquellos que pertenecen a los sectores más vulnerables de la sociedad.
En el año 2021 comenzó a funcionar el Servicio Mejor Niñez que vino a reemplazar a un sobrepasado SENAME. En el marco de esta nueva institucionalidad todo lo relacionado con la protección de niños en situación de vulnerabilidad pasan a ser competencias del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, mientras que los asuntos relativos a la responsabilidad penal juvenil continuarán a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
No han faltado las voces críticas que acusan que Mejor Niñez sigue siendo el desprestigiado SENAME, con un nombre distinto, aunque las falencias que llevaron a vulneraciones de los derechos de los niños en este organismo siguen intactas. Dado lo anterior, se requiere de una norma constitucional que consagre expresamente los derechos de niños, niñas y adolescentes y que imponga al Estado (legislador, administrador y judicial) tomar todas las medidas necesarias para llevar a la práctica todos las disposiciones de la Convención.
En la medida que no exista un real compromiso político en orden a cumplir las obligaciones contraídas por Chile al momento de firmar la Convención de los Derechos del Niño, seguiremos presenciando actos de vulneración a niños, niñas y adolescentes, como es la internación en espacios carentes de condiciones mínimas para desarrollar sus potencialidades y en donde constantemente son objeto de abusos, o bien, la denegación de terapias y tratamientos psicológicas por parte del Estado o, la tolerancia a la deserción escolar producida estos últimos años, y a los actos de violencia producidos en los colegios.
Recientemente en el Valle de Aconcagua, se presentó una denuncia en contra de padres. La Sra. Daniela Torres Flores, Juez titular en el Juzgado de Garantía de la comuna de Putaendo, se querelló por injurias y calumnias en contra del Sr. Rodrigo Delgado López. La Sra. Muriel Luarte Aravena, Juez y Presidenta del Tribunal de Familia de San Felipe, ordenó verbalmente según declaración del funcionario de carabineros de la 2ª Comisaría de San Felipe, una detención ilegal, en contra del Profesor Sebastián Solís Cubillos, cuando iba a dejar un regalo a su hijo de 10 años de edad, reteniendo más de 24 horas e incumpliendo el protocolo de constatación de lesiones, Ruc Causa 24003556662-6, realizando 2 veces la constatación de lesiones, entre diablo y medianoche. El Sr. Cristian Cabezas, fue denunciado falsamente en los tribunales de familia, comuna de Los Andes, en donde se evidencio una reunión de jueces en plena vía pública e informando a la Corte de Apelaciones Valparaíso, que era una visita inspectiva de la corporación judicial a la propiedad (Fisco de Chile), haciendo mención de su habilidad de jueces arquitectónicos del poder judicial. Quizás el mejor tiempo para hacer justicia a nuestros niños es que se respeten sus derechos a tener vínculo filial paternal y que no sigan vulnerando los derechos que están garantizados en nuestra constitución de la república de Chile.
